Suman cerca de 33 mil juicios laborales sin resolver en la actual administración estatal que afectan a la mayoría de los ayuntamientos y a cerca de 40 instancias del gobierno del Estado de México, entre ellos presuntos despidos injustificados, de acuerdo a la Secretaría del Trabajo mexiquense.
Al consultar a la Secretaría, comunicó que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) tiene acumulados más de 33 mil juicios sin resolver.
De esa cantidad, más de 2 mil 800 se encuentran en etapa de ejecución por un monto que asciende la cantidad de 3 mil 300 millones de pesos, se refirió.
Local Rezago de juicios laborales afecta a todos los municipios del Edomex
En ese sentido, dicha situación afecta a la totalidad de los Ayuntamientos y a más de 40 dependencias del Gobierno del Estado, se explicó.
Además de que se advierten otros elementos que coadyuvaron en el agravamiento del problema como la falta de imposición de medidas de apremio a las instituciones públicas y ayuntamientos para el cumplimiento de las resoluciones.
“La falta de presupuesto para contratación de personal y adquisición de recursos materiales; y falta de capacitación en materia laboral a servidores públicos del TECA”.
La Secretaría precisó que del total de 9 mil 300 juicios pendientes de resolver en la Sala Auxiliar de Tlalnepantla, 478 se encuentran en la etapa de ejecución con un monto que asciende a poco más de 516 millones de pesos.
Local Mediación privada, el mejor camino para evitar conflictos
En el caso de la Sala Auxiliar de Ecatepec, de los poco más de 9 mil 500 juicios rezagados, 144 se encuentran en proceso de ejecución por un monto mayor a 149 millones de pesos, detalló.
Al corte de febrero pasado la dependencia analizó la falta de voluntad y compromiso de gobiernos anteriores para garantizar los derechos de las y los trabajadores de la administración estatal y las municipales.
“En donde se privilegió una relación política antes que la norma jurídica en la solución de los juicios laborales; que hubo omisión sistemática de los titulares de las instituciones y dependencias para establecer una partida presupuestal para atender los laudos como lo establece la ley”.
Suman cerca de 33 mil juicios laborales sin resolver en la actual administración estatal que afectan a la mayoría de los ayuntamientos y a cerca de 40 instancias del gobierno del Estado de México, entre ellos presuntos despidos injustificados, de acuerdo a la Secretaría del Trabajo mexiquense.
Al consultar a la Secretaría, comunicó que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) tiene acumulados más de 33 mil juicios sin resolver.
De esa cantidad, más de 2 mil 800 se encuentran en etapa de ejecución por un monto que asciende la cantidad de 3 mil 300 millones de pesos, se refirió.
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En ese sentido, dicha situación afecta a la totalidad de los Ayuntamientos y a más de 40 dependencias del Gobierno del Estado, se explicó.
Además de que se advierten otros elementos que coadyuvaron en el agravamiento del problema como la falta de imposición de medidas de apremio a las instituciones públicas y ayuntamientos para el cumplimiento de las resoluciones.
“La falta de presupuesto para contratación de personal y adquisición de recursos materiales; y falta de capacitación en materia laboral a servidores públicos del TECA”.
La Secretaría precisó que del total de 9 mil 300 juicios pendientes de resolver en la Sala Auxiliar de Tlalnepantla, 478 se encuentran en la etapa de ejecución con un monto que asciende a poco más de 516 millones de pesos.
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En el caso de la Sala Auxiliar de Ecatepec, de los poco más de 9 mil 500 juicios rezagados, 144 se encuentran en proceso de ejecución por un monto mayor a 149 millones de pesos, detalló.
Al corte de febrero pasado la dependencia analizó la falta de voluntad y compromiso de gobiernos anteriores para garantizar los derechos de las y los trabajadores de la administración estatal y las municipales.
“En donde se privilegió una relación política antes que la norma jurídica en la solución de los juicios laborales; que hubo omisión sistemática de los titulares de las instituciones y dependencias para establecer una partida presupuestal para atender los laudos como lo establece la ley”.
